El Ministerio de Sanidad considera que el "modelo Muface no es sostenible en la actualidad" y plantea incorporar en nueve meses a la sanidad pública al millón de funcionarios que, a 31 de octubre de 2024, reciben asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas.
El informe 'MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud', elaborado por Sanidad, recoge que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuáles 1.007.322 personas han escogido la sanidad de aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV), lo que supone el 67,3% de la población mutualista. Por franjas de edad, el 42,4% de los usuarios están entre los 35 y 64 años, mientras que el 32% tiene más de 65. En Muface, el 65% de los mutualistas son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria y un 17% pertenece a los cuerpos de la Administración General del Estado (AGE). Eso hace que las comunidades con mayor presencia de mutualistas sean aquellas con un ratio mayor de docentes o presencia de funcionarios de la AGE.
Según Sanidad "el modelo Muface no es sostenible porque ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso".
El informe subraya "la negativa de las aseguradoras sanitarias privadas a concurrir al concierto planteado por el Gobierno" y recuerda que estas empresas "demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación".
Por ello, Sanidad plantea un prórroga de nueve meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la ley de Contratos del Sector Público. En ese periodo se haría un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud.
En esos nueve meses se podría plantear una incorporación paulatina teniendo en cuenta a pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisan continuidad y que deben ser los últimos traspasados al sistema sanitario público.
En este tipo de pacientes y en caso de existir alguna contraindicación a la transferencia sanitaria (situación de final de la vida o muy alta complejidad de procesos oncológicos) se podría valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.
Además, el informe abre la posibilidad en estos nueve meses a un plan de transición para garantizar la atención de pacientes crónicos en sus centros hospitalarios de referencia sin necesidad de pasar por el cauce común de una primera consulta. También contempla un plan de transferencia para la información clínica que evite la duplicidad en las pruebas diagnósticas y terapéuticas y otro de comunicación para resolver cualquier duda.
El sindicato CSIF se ha opuesto a la posible incorporación en nueve meses a la sanidad pública del millón de funcionarios que reciben actualmente asistencia sanitaria a través de Muface, que quedaría suprimida, tal y como plantea el Ministerio de Sanidad.
En un comunicado, CSIF ha informado de que se ha dirigido a los ministerios de Función Pública y de Sanidad para pedir explicaciones por el informe de éste último en el que se plantea trasladar a la sanidad pública la financiación que actualmente se destina a las aseguradoras privadas que participan en el concierto sanitario.
"No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión", ha señalado CSIF, que ha pedido una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como el Gobierno se comprometió a hacer en la última reunión del Consejo General de Muface.
Asimismo, CSIF ha dicho que, en caso de que el Gobierno no ofrezca "una respuesta adecuada", llevarán a cabo manifestaciones, paros o, incluso, una huelga en la función pública.
